Nov 30 2009
Con consentimiento paterno, el aborto de las menores se reduce un 30%
Todos los estados que regulan la obligación de informar a los padres, registran significativos descensos en el número de abortos.
REDACCION HO.- Según informaciones difundidas por el Instituto de Política Familiar de Baleares, en los países donde la ley exige el consentimiento paterno, el descenso de los abortos entre adolescentes llega hasta el 30 por ciento.
Las cifras, que proceden de un estudio del Family Research Council, se refieren a Estados Unidos. En todos los estados en los que se requiere el consentimiento de los padres para que las menores aborten, se han reducido de manera significativa el número de abortos:
“El primer dato significativo es que el aborto entre menores ha descendido un 50%. Diversas causas explican esa caída (mayor conocimiento de los anticonceptivos, difusión de los programas de abstinencia, etc.), pero entre ellas sobresale una: la aprobación de leyes que exigen cierta intervención (notificación o permiso) de los padres.
En los 36 estados que cuentan ya con este tipo de leyes, el índice de abortos ha descendido un 13,6%. La baja es todavía mayor (19%) en los estados que exigen el permiso de los padres cuando la embarazada es menor de edad y no sólo la notificación.
De nuevo, el descenso es más fuerte (30%) en los estados donde se requiere la intervención de ambos padres y no sólo la de uno.
El estudio del Family Research Council no es el primero que analiza los efectos de las leyes que exigen la intervención de los padres. En 2006 otro estudio, realizado por investigadores del Baruch College (Universidad de Nueva York) y publicado en el New England Journal of Medicine (8-03-2006), mostró las consecuencias que tuvo en Texas una ley que exigía informar a los padres cuando una menor quería abortar.
Desde 2000, año en que la medida entró en vigor, la tasa de abortos había pasado de 18,7 a 14,5 por mil chicas de 17 años; de 12,1 a 9 por mil de 16 años, y de 6,5 a 5,4 entre las de 15 años.”
26/11/2009 - 7:44
Madrid, 26 nov (EFE).- El Congreso emprende hoy el debate irreconciliable sobre la reforma del aborto que promueven PSOE, BNG y ERC, IU e ICV y que rechazan, en mayor o menor medida, PP, UPyD, UPN, CIU y PNV.
El Proyecto de Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo establece el aborto libre hasta la semana catorce de gestación y permite a las chicas de 16 años decidir al respecto, sin contar con la opinión de los padres.
El texto, que modificará la legislación vigente desde 1985 y que debería ser compatible con la jurisprudencia establecida por el Tribunal Constitucional, considera el aborto como un “derecho” de las mujeres, lo que conlleva la consiguiente derogación de este delito del Código Penal.
La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ha confiado en que la nueva Ley concite el mayor consenso posible, incluido el aspecto referido a que las chicas de 16 años no tengan que consultar a sus padres a la hora de poner fin a su embarazo.
“No es la Ley de los 16 ni del aborto”, ha comentado Aído, quien ha asegurado que sus objetivos abarcan contenidos mucho más amplios relacionados con la salud sexual.
Pese a la voluntad de consenso de los socialistas, PP, UPyD, UDC-CIU y UPN han presentado enmiendas a la totalidad del proyecto, mientras que las de PNV, ERC-IU-ICV y BNG han sido parciales.
La iniciativa pasó primero por el Comité de Bioética de España (CBE), que respaldó el proyecto gubernamental, pero pidió que se incluyera la recomendación de informar a los padres de las menores.
El proyecto ha recogido las recomendaciones de la Comisión de Expertos convocada por el Ministerio de Igualdad así como las conclusiones de una comisión parlamentaria que se creo para recabar opiniones sobre el nuevo sistema de plazos.
El texto llega a la Cámara Baja sin contar con un informe del Consejo General del Poder Judicial y con la opinión desfavorable del Consejo Fiscal.
Los informes de estos dos órganos son de carácter meramente consultivo y su objetivo es aconsejar al Gobierno en la fase de elaboración de las leyes.
El desacuerdo en esta ocasión llegó al punto de que el CGPJ decidiera, por primera vez en 29 años, no emitir un dictamen sobre esta reforma legislativa.
En el Consejo Fiscal también se pusieron de relieve las discrepancias, pero finalmente prosperó un texto, por un sólo voto, que considera inconstitucionales algunos artículos.
No obstante, ambos órganos consultivos han coincidido en defender la conveniencia de que los padres de una menor que vaya a abortar deban ser consultados.
Desde la Iglesia católica, el secretario de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, ha advertido a los políticos creyentes de que si apoyan la nueva Ley del Aborto están en “pecado público” y no podrán comulgar.
Las organizaciones pro-vida celebraron una multitudinaria manifestación el pasado 17 de octubre, bajo el lema “Cada vida importa”, con el objetivo de que se paralice la liberalización del aborto.
Ayer, más de un centenar de académicos, doscientos juristas y unos 2.500 científicos en defensa del derecho a vivir han pedido a los partidos políticos que den libertad de voto a los parlamentarios ante este controvertido asunto.
En una rueda de prensa, los firmantes del Manifiesto de Académicos, el Manifiesto de Juristas y la Declaración de Madrid, tres documentos contrarios al aborto, han apelado a la “conciencia” de los diputados un día antes de que comience el debate.
Ignacio Aréchaga/Aceprensa - 20-11-09
Algunos diputados católicos del PSOE y del PNV apoyan la reforma de la ley
El secretario general de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, no ha dicho ninguna novedad al advertir que “ningún católico puede aprobar ni dar su voto a favor” de una ley que consagra el derecho al aborto, sin caer “objetivamente en un pecado grave”. Por lo cual “no podría ser admitido a la Sagrada Comunión” (cosa distinta de la excomunión, que es una pena canónica para los que procuran directamente un aborto). “Eso vale para todos, incluso por encima de lo que diga el partido”, insistió Martínez Camino. Pues “la vida es un bien público de primer orden que obliga a todos, incluso al Estado, a protegerla”.
La advertencia ha escocido a algunos diputados católicos que, dentro del PSOE y del PNV, se disponen a apoyar la reforma de la ley. Podrían haber respondido con razones estrictamente políticas. Podrían haber dicho que les importa más la disciplina de partido que lo que digan los obispos; podrían haber alegado que la mayoría de sus electores quieren la reforma; o que la correlación de fuerzas en el parlamento hace inútil su oposición; o que realmente consideran un avance social el derecho el aborto.
Laicos de argumentos clericales
En cambio, se han lanzado a rebatir a los obispos en el terreno religioso, intentando darles lecciones de teología. Alguno apela al Vaticano II –el mismo concilio que califica el aborto de “crimen abominable”–, atribuyéndole la peregrina idea de que la condena del aborto sería una mera norma moral de la Iglesia que no se podría “imponer” en las leyes. El beatífico José Bono asegura que “muchos cristianos nos sentimos parte de una Iglesia que es madre…” frente a otros que “están más cercanos a planteamientos inquisitivos, judiciales y excluyentes”. Lo cual no deja de ser un argumento original para defender una ley que precisamente permite a la madre dejar de serlo para excluir de la vida al feto.
El peneuvista Íñigo Urkullu apela a su “conciencia de profundo cristiano” y critica que se pretenda “mezclar la conciencia personal, la conciencia moral, la conciencia religiosa, con la realidad social”. Aunque si Martin Luther King hubiera hecho estos distingos, la realidad social de la discriminación racial seguiría ahí.
Otro socialista cristiano, Manuel de la Rocha, asegura que las declaraciones de Martínez Camino “responden a una opinión personal de este señor”. Él, en plan profético, está convencido de que “no son compartidas por la inmensa mayoría de los cristianos”. La suya, cómo no, es que “el mensaje de Jesús de Nazaret es un mensaje de amor y tolerancia”, aunque no aclaró por qué el aborto es un gesto de amor.
Este tipo de respuestas revelan que estos católicos son clericales incluso cuando quieren ser laicos. Tal vez esto se explica por sus orígenes ideológicos, con esa trasnochada mezcla de Cristianos por el Socialismo o por la componente clerical tan presente en las raíces históricas del PNV. Lo que ocurre es que de ese fondo cristiano ya solo quedan eslóganes, que en la práctica se traducen en un cómodo conformismo disfrazado de tolerancia. Han interiorizado la idea de que un católico no puede luchar por proponer y defender sus convicciones, lo cual en la práctica se traduce por dejar que otros impongan las opuestas.
Demócratas pro vida
Políticos de izquierda de otros países no se dejan llevar por este complejo de inferioridad. En estos días, la reforma sanitaria de Obama ha atravesado su primer escollo en la Cámara de Representantes, con una apretada mayoría de cinco votos. Para lograr esta aprobación, ha sido decisiva la admisión de una enmienda que excluye la financiación federal del aborto en el seguro público y en los seguros privados subsidiados con dinero público (cfr. Aceprensa 9-11-2009). Esta enmienda fue aprobada en una votación que traspasó las líneas de los partidos, con 176 republicanos y 64 demócratas a favor. La enmienda había sido propuesta por el congresista demócrata católico Bart Stupak, integrante del grupo Demócratas pro vida, que habían advertido que no votarían a favor de la reforma si no fuera “neutral respecto al aborto”.
La enmienda todavía se debatirá en el Senado. Pero responde a una postura inteligente por parte de los demócratas, también a la hora de buscar apoyos para la reforma. Los comentaristas han señalado que, aparcado el tema del aborto, los obispos católicos pueden convertirse en defensores entusiastas de la reforma sanitaria, pues ellos siempre han apoyado la extensión del seguro sanitario a todos los que ahora carecen de él. Lo contrario habría echado a los obispos y a las instituciones sanitarias católicas en brazos de los republicanos, que mantienen su férrea oposición a las propuestas de Obama.
Si esta postura se consolida, los católicos podrían hacer causa común con los demócratas en otros temas, como el de la legalización de los inmigrantes, que es también una prioridad para los obispos.
Irrelevantes para la Iglesia y para el partido
Esta defensa del respeto a la vida desde posturas de izquierda se advierte también en Italia en el grupo que allí la prensa llama teodem, formado dentro del Partido Democrático de centro-izquierda. Está integrado por siete senadores y cinco diputados, que en estos temas votan conforme a su conciencia, y alientan un clima pro vida dentro de su partido de izquierdas (ver entrevista con la senadora Paola Binetti).
En España, en cambio, los políticos católicos de izquierdas han renunciado a influir en su propio partido, como si fueran militantes de segunda. Con lo cual acaban confirmando a los electores que un católico consecuente no tiene nada que hacer en una izquierda cerrada al respeto a la vida. Y tanto mejor para el PP.
En definitiva, su conformismo político les acaba haciendo irrelevantes para la Iglesia, ya que no dejan ninguna influencia cristiana en la política, e irrelevantes para el partido, pues ahuyentan más votos de los que atraen.
Algunos diputados católicos del PSOE y del PNV apoyan la reforma de la ley