PEKÍN, 30 Jul. (Reuters/EP) -

   Alrededor de trece millones de abortos se practican cada año en China, un país en el que el número de jóvenes que practican el sexo ha aumentado y en el que apenas hay conocimientos sobre métodos anticonceptivos o sobre enfermedades venéreas, según informaron hoy los medios estatales.

   Menos de uno de cada tres usuarios de una línea telefónica erótica de Shanghai sabe cómo evitar los embarazos y sólo uno de cada cinco está informado sobre enfermedades venéreas, según informó el estatal ‘Diario de China’ a partir de los datos aportados por un estudio del Hospital 411 del Ejército.

   “El sexo ya no es un tabú entre los jóvenes, que creen que pueden aprender todo lo que necesitan en Internet”, declaró al diario el ginecólogo Yu Dongyan. “No obstante, eso no significa que tengan un mejor conocimiento o una actitud adecuada al respecto”, añadió.

   Desde los años noventa, los médicos preguntan sobre el estado civil de las mujeres que acuden a las clínicas de aborto, en el marco del sistema de planificación familiar que prohíbe a las parejas urbanas tener más de un hijo. Los datos actuales del Gobierno indican que cerca de dos terceras partes de las mujeres que abortan tienen entre 20 y 29 años y en su mayoría son solteras, según el rotativo.

   Algunas mujeres acuden a abortar porque las actuales leyes establecen que los hijos de las madres solteras no tienen derecho a disponer de un ‘hukou’, un carné de registro sin el cual resulta extremadamente difícil acceder a la educación, a los cuidados médicos y a los servicios médicos.

   En China se venden alrededor de diez millones de píldoras abortivas al año y se practican muchos abortos en clínicas ilegales, según declaró al diario el director de la Comisión Nacional para la Población y la Planificación Familiar, Wu Shangchun.

   En Estados Unidos, por ejemplo, con una población que no llega a la cuarta parte de la de China, las cifras oficiales del Centro para el Control de Enfermedades muestran que en 2005 se practicaron 820.000 abortos. Faltan los datos de los Estados de California, Louisiana y New Hampshire, que no los aportaron.

   Sun Xiaohong, del departamento de educación del organismo de planificación familiar de Shanghai, declaró al diario que es difícil promover la educación sexual en las escuelas porque algunos profesores y padres opinan que fomentaría el sexo entre los adolescentes.

   Aparte, desde el pasado mes de julio, los usuarios chinos de Internet no tienen acceso a las páginas médicas y de investigación relacionadas con el sexo debido a las medidas aprobadas por el Gobierno contra los contenidos pornográficos en la red.

DOMINGO PÉREZ | MADRID-abc

El Gobierno está empeñado en sacar adelante a cualquier precio el aborto libre hasta la semana 14 de gestación. Al presidente del Gobierno poco le importa haber recibido dos considerables revolcones jurídicos casi consecutivos por parte del Consejo Fiscal y del Consejo General del Poder Judicial que ponen en tela de juicio la constitucionalidad de la reforma. José Luis Rodríguez Zapatero ha sido contundente: «El anteproyecto irá al Parlamento -casi seguro a comienzos de septiembre- tal y como ha sido redactado».

Le trae sin cuidado encrespar a buena parte de la sociedad. Parece importarle poco que los más prestigiosos académicos, científicos y maestros universitarios hayan, a través del Manifiesto de Madrid -suscrito por más de 3.000 profesionales de la ciencia y la universidad-, enmendado la plana a la ley del aborto. Ni siquiera le afecta que, pese a lo que se esperaba, el Comité español de Bioética tampoco vaya -tal y como ha podido conocer ABC- a pronunciarse de una manera clara a favor de su iniciativa.

El Gobierno se ha quedado solo. Sin coartadas de ningún tipo. Sin pretextos sociales, ya que, aparte de que la propuesta de reforma ni siquiera fue recogida en el programa electoral del PSOE, hace mucho que quedó demostrado que la ampliación del aborto no era una demanda ciudadana. Tampoco encuentran apoyo en las elites científicas, ni jurídicas, ni éticas. No le quedan al Ejecutivo más que los intereses políticos -cazar votos entre el feminismo y la izquierda más radical y utilizar el aborto como moneda de cambio para disimular su debilidad parlamentaria- y a ellos se aferran despreciando todo lo demás.

El próximo revolcón

En diciembre de 2007, el Gobierno, siendo Bernat Soria ministro de Sanidad, creó el Comité de Bioética y designó a sus 12 integrantes: Carlos Alonso Bedate, Yolanda Gómez y Carmen Ayuso, propuestos por Sanidad; José Antonio Martín Pallín, Victoria Camps y Jordi Camí, elegidos por Justicia, Educación e Industria, respectivamente y a propuesta de las comunidades autónomas fueron seleccionados María Casado, César Loris, César Nombela, Marcelo Palacios, Carlos Romeo Casabona y Pablo Simón.

Fue el propio comité, sin que cursara petición directa del Gobierno, el que decidió elaborar un informe sobre el controvertido anteproyecto de ley. Rápidamente, el ejecutivo vio la posibilidad de sumar el prestigio de estos expertos a su desesperada búsqueda de coartadas. Así consiguió de la presidenta del Comité, Victoria Camps, una especie de compromiso para que el texto definitivo fuera de apoyo incondicional a una ley de plazos. Sin embargo, Camps calculó mal sus fuerzas y, a raíz de la primera reunión, a comienzos de junio, quiso forzar las voluntades de los miembros del comité para que elaboraran un documento benévolo con los planteamientos de la reforma y darle así un sostén ético a la misma. Se precipitó y, sin el consentimiento de sus compañeros, aseguró públicamente que el texto final sería favorable a las tesis gubernamentales.

Punto muerto en Bioética

Aquella maniobra de Camps -escasamente ética, por cierto- estuvo a punto de crear un cisma en el comité porque la realidad era muy distinta. La verdad es que no existía el consenso mínimo. Desde entonces no se ha progresado hacia ningún lado, ni a favor ni en contra y las sucesivas reuniones del comité han llevado la discusión a un punto muerto. ABC ha podido saber que a estas alturas el informe definitivo, que se dará a conocer dentro de mes y medio, ofrecerá, lejos de los deseos del Ejecutivo, unas conclusiones neutras, poco comprometidas e incluso en muchos aspectos contrarias a la nueva ley del aborto.

De confirmarse este extremos, quedaría demostrado que cada vez que el anteproyecto ha pasado el control de alguna institución sólida -fiscales, jueces o comité de bioética- ha sido «suspendido». Hasta el momento sólo ha recibido el apoyo de aquel famoso comité de expertos (todos reconocidos abortistas) que se inventó y designó para la ocasión la ministra de Igualdad, Bibiana Aído.

El vocal de CiU tiene en sus manos el sentido del dictamen no vinculante

FERNANDO GAREA - Madrid - 16/07/2009

El Gobierno y el PSOE están en vilo por el sentido del informe que, finalmente, apruebe el Consejo General del Poder Judicial sobre el proyecto de ley del aborto. La Comisión de Estudios del Consejo aprobó ayer un informe elaborado por la vocal Margarita Uría, que avala plenamente la constitucionalidad del texto elaborado por el Gobierno, pero debe superar aún el escollo del pleno previsto para el día 23 de julio

El informe que avala el texto del Gobierno debe ir a pleno el 23 de julio

La aprobación de un texto favorable a la norma se ve dificultado por la posición del presidente del Consejo, Carlos Dívar, y deja la decisión final en manos del vocal propuesto por CiU, Ramón Camp.

Los vocales de la mayoría progresista y fuentes del Gobierno y del PSOE dan por seguro que Dívar, conocido por sus fuertes convicciones religiosas, no apoyará un texto que defienda la ampliación del aborto. Fuentes del Consejo aseguran que, aunque aún no ha habido un pronunciamiento público de Dívar, el presidente ha trasladado a su entorno que se sumará el día 23 a la posición crítica de los vocales conservadores.

Esta posibilidad ha alertado al Gobierno porque, aunque el informe no es vinculante, sí tiene una importante significación política, al tratarse de una norma muy polémica y debido a que el PP ha basado su oposición en la supuesta inconstitucionalidad del texto.

Hace casi un año, José Luis Rodríguez Zapatero renunció a designar a un presidente progresista y optó por Dívar, devoto católico y próximo al presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela. De hecho, una de sus primeras decisiones al frente del Consejo fue la de abrir el año judicial con una misa oficiada por Rouco. Dirigentes del PSOE y miembros del Gobierno no se han repuesto aún de la sorpresa por aquella decisión de Zapatero. Ahora esa sorpresa va camino del disgusto.

Cuando era magistrado de la Audiencia Nacional, Dívar sí se pronunció claramente en contra del aborto. Por ejemplo, el 6 de febrero de 2001 publicó un artículo en la web de la Hermandad del Valle de los Caídos en el que utilizaba como referente personal esta frase del Papa Juan Pablo II: “Quien negara la defensa a la persona humana más inocente y débil, a la persona humana ya concebida, aunque todavía no nacida, cometería una gravísima violación del orden moral. Nunca se puede legitimar la muerte de un inocente. Se minaría el mismo fundamento de una sociedad”. Rouco impulsó recientemente un documento que instaba a los católicos a no colaborar desde las instituciones con la aprobación de la nueva ley del aborto.

En el pleno, hay nueve vocales designados por el PSOE y otros nueve por el PP. Margarita Uría, designada por el PNV, es autora del informe aprobado ayer en la Comisión y, por tanto, se alinea con el grupo progresista en favor del anteproyecto.

Si Dívar, finalmente, se alinea con el bloque conservador, se daría un empate que desharía Camp, ex diputado de CiU. Este partido no tiene una posición definida y, por ejemplo, en el Congreso da libertad de voto a sus diputados. Vocales progresistas confían en que Camps incline la balanza del Consejo a su favor.

El informe defiende claramente la constitucionalidad del proyecto y rechaza que una ley de plazos -con aborto libre hasta la semana 14- incumpla la jurisprudencia del alto tribunal. Cita expresamente como referencia a la práctica totalidad de países de nuestro entorno que ya tienen leyes de plazos y sí hace recomendaciones para incorporar en el trámite parlamentario. Por ejemplo, como adelantó EL PAÍS, que se busque una fórmula de conocimiento paterno, que no consentimiento, para las mujeres de entre 16 y 18 años. Es decir, que los padres sean informados en esos casos, dando por hecho que a esa edad las mujeres tienen madurez suficiente para decidir, ya que el Código Civil les concede capacidad para emanciparse.

Pide, no obstante, que se haga más precisa la redacción y el establecimiento de los supuestos. El informe sugiere que se cree un registro de sanitarios objetores de conciencia, que sea más extensa la información que se dé previamente a las gestantes y que se dote de mayor proporcionalidad a las penas previstas por incumplir la norma.

La portavoz de Igualdad del PSOE en el Congreso, Carmen Montón, se felicitó por la aprobación del informe porque “hace cada día más insostenible la tesis del PP sobre la supuesta inconstitucionalidad”. Montón se mostró dispuesta a estudiar las recomendaciones y mejoras que hace el Consejo General del Poder Judicial, para incorporarlas en el trámite parlamentario.

14/07/2009 | ALBAdigital

El CGPJ puede aprobar mañana un informe “ideologizado, sumiso al Gobierno, con errores y falsedades, y que elimina el derecho a la vida a toda persona”, según el Instituto de Política Familiar (IPF). Este organismo considera que el borrador no entra en el fondo de su deber profesional de criticar los aspectos que “afecten a aspectos jurídico-constitucionales de la tutela ante los tribunales ordinarios del ejercicio de derechos fundamentales”.

“Si el CGPJ aprueba mañana el Informe según el último proyecto conocido, asistiremos una vez más a la sumisión ideologizada al Gobierno de un presunto órgano independiente, que, con informe ideologizado con errores y falsedades, eliminaría el derecho a la vida de todas las personas-afirma Eduardo Hertfelder, presidente del IPF. Además, el CGPJ haciendo dejación de su teórica independencia, incumplirá con su deber de informar sobre los aspectos de un proyecto de ley que afecta gravísimamente a los derechos fundamentales”

“Asistimos estupefactos a un borrador de informe donde desde el inicio se aceptan acríticamente las afirmaciones del texto gubernamental -afirman-, como citar que la nueva ley nos acercaría al modelo europeo (algo totalmente falso), citando como ejemplo de ley de plazos a los casos de Alemania, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, etc. cuando en la mayoría de los casos esos plazos se refieren a ciertas causas concretas y por tanto no es el caso de aborto libre”.

Critican también que el texto niegue la inconstitucionalidad del proyecto de una ley de plazos, igualando el bien de la vida del nasciturus con una “dignidad” de la mujer con la que al parecer podría colisionar, para justificar el aborto libre.

Hertfelder alude también a algún punto más positivo del texto como sus consideraciones sobre la necesidad de concretar los riesgos para la salud, la información a las mujeres y la obligación del Estado de articular una política social que realmente sea capaz de solucionar los problemas que pueden empujar a una mujer a la sima del aborto