Aludiendo al síndrome postaborto, ve ”ridículo” que las menores puedan abortar sin permiso paterno, y propone regular la objeción de conciencia sanitaria.

• Un Consejo Fiscal dividido cuestiona la constitucionalidad del proyecto abortista de Zapatero
• Los médicos responden al Gobierno: “abortar no es tomarse un caramelo”
• Los médicos piden a Aído a que les consulte ante la reforma sobre el aborto

REDACCIÓN HO.- La Organización Médica Colegial (OMC) ha calificado hoy de “ridículo” que  las menores a partir de 16 años puedan abortar sin permiso paterno, como pretende imponer el Ejecutivo con su reforma legal. Aludiendo a los problemas de salud derivados del síndrome postaborto, el colectivo médico ha celebrado por ello el informe del Consejo Fiscal conocido ayer, que recomienda que la nueva ley recoja la obligación de informar a los padres de la menor.

“No entendemos por qué la familia, ese padre o esa madre, a los que hay que devolver a esa niña una vez que haya terminado el aborto, no tienen que estar informados. Es compatible con el principio de autonomía que se quiere preservar y que se puede respetar”.

Así se expresó en un encuentro con los medios de comunicación el presidente de los colegios de médicos, Juan José Rodríguez Sendín, quien ha reiterado que abortar “no es como sacarse una muela, que desaparece y se acaba a su vez con el problema”.  Por el contrario, Rodríguez Sendín insistió en que las secuelas psicológicas y la respuesta adaptativa de la mujer tras el aborto “pueden durar mucho tiempo”. Por este motivo, señaló,  no le sorprendió el pronunciamiento del Consejo Fiscal, que entiende que la decisión de abortar es “suscetible de dejar graves secuelas psicológicas”.

Para el presidente de los colegios de facultativos, “la familia, la enfermería y los médicos (de cabecera) son los tres pilares sobre los que se desahogan las tensiones de la sociedad”, por lo que “prescindir de ellos sin que nadie lo pida es un poco ridículo, por razones de salud”.

Objeción de conciencia y PDD

Asimismo, con el objetivo de preservar los derechos del paciente y del facultativo en cuestiones de conciencia, Rodríguez Sendín ha propuesto regular la objeción y crear un fichero de médicos objetores.

Por otra parte, Rodríguez Sendín se refirió también al asunto de la venta en las farmacias sin prescripción médica de la píldora postcoital y apostó en este sentido porque no se saque del escenario de la asistencia sanitaria, por el riesgo que esto conlleva, especialmente para los jóvenes.

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Desmenuzamos el dictamen sobre el aborto del Consejo Fiscal.

• Un Consejo Fiscal dividido cuestiona la constitucionalidad del proyecto abortista de Zapatero

REDACCION HO.- “No puede hablarse de derecho al aborto“, señala taxativo en su dictamen el Consejo Fiscal.

El informe sobre el anteproyecto abortista del Gobierno, que fue aprobado ayer por el Consejo Fiscal y hoy ha sido enviado al Ministerio de Justicia, indica:

“No puede hablarse de derecho al aborto, supondría el reconocimiento del derecho a eliminar a un ser humano distinto de la madre y titular del derecho a la vida humana”.

El dictamen señala además la existencia de algunos artículos inconstitucionales. En concreto, el informe se refiere a los artículos 12 y 14 del anteproyecto, que recogen la garantía de acceso al aborto y el aborto a petición de la mujer. Ambos, según los fiscales, “deben considerarse como normas inconstitucionales” en base a la sentencia de Tribunal Consitucional de 1985:

“El Estado debe abstenerse de interrumpir o de obstaculizar el proceso natural de gestación, y establecer un sistema legal para la defensa de la vida que suponga una protección efectiva de la misma”.

El Consejo Fiscal considera que la despenalización del aborto propuesta por el Gobierno  ”no puede convertirse en derecho” y que el aborto “sigue siendo un mal, pues supone la privación de la vida del nasciturus“:

“Dicho valor cede ante situaciones extremas. Pero, en puridad, no puede hablarse de un derecho al aborto”.

Los vocales del Consejo Fiscal que no votaron a favor este texto emitieron unos votos particulares en los que señalan que en el anteproyecto “no se habla de un derecho al aborto, sino del reconocimiento y garantía en el acceso a la IVE“.

El proyecto del Gobierno, contrario a las personas con discapacidad

En el punto relativo a las interrupciones por causas médicas, el Consejo Fiscal considera de manera unánime que la introducción de un límite temporal de 22 semanas “aportará, como mínimo, una mayor seguridad jurídica“. Pero a partir de aquí vuelven a separarse las interpretaciones de los vocales.

El informe aprobado señala que las interrupciones por causas médicas, aun habiéndose considerado constitucionales, chocan con la Convención Internacional Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU:

“No sería admisible una legislación en materia de IVE, como la actualmente vigente en España, que despenaliza el aborto en el supuesto de discapacidad del feto por constituir un trato desigual por motivos de discapacidad”.

Otro punto que ha logrado el consenso de todos los miembros del Consejo ha sido el relativo al aborto sin límite temporal cuando el feto padezca “una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico”.

Los fiscales coinciden en el problema es que “la norma no concreta demasiado ni la entidad ni la extensión de la esperanza de vida humana independiente que pondría límite a la aplicación del supuesto“:

“Dicho más claramente, existen enfermedades graves y de naturaleza crónica que permiten una calidad de vida razonable. Incluso hay supuestos de enfermedades graves e incurables en que el estado de la ciencia permite albergar fundadas esperanzas de un cambio de esa situación en un plazo razonable”.

La discriminación de los médicos también es de dudosa constitucionalidad

El anteproyecto contempla la constitución de comités clínicos que decidirán sobre una intervención urgente, pero de ellos no podrán formar parte quienes se hayan manifestado en contra del aborto.

La mayoría del Consejo Fiscal opina que esta es “una prohibición de difícil encaje constitucional“, mientras que los fiscales minoritarios, próximos al Gobierno, consideran que la Constitución permite esta discriminación.

Organismos independientes deben informar a la mujer que desea abortar

El Gobierno pretende que el único requisito para abortar sea la entrega de un sobre cerrado que contenga información para la mujer. Esta deberá leer su contenido y tomar su decisión definitiva en el plazo de 3 días.

El Consejo Fiscal rechaza que se entregue este sobre y propone que exista un asesoramiento obligatorio y reglado que incluya a “padres, guardadores y representantes legales“.

Además debe ser una entidad independiente la que informe a la mujer “de las posibles ayudas a problemas que empujen al aborto así como los posibles riesgos y secuelas del aborto, ayudas a la familia y otras opciones como la entrega en adopción“.

Los 16 años

El rechazo a la posibilidad planteada por el Gobierno de que las menores puedan abortar sin conocimiento de sus padres ha sido rechazado de manera unánime por el Consejo Fiscal.

El dictamen final aprobado señala que los padres “deben ser informados de la situación de su hija, y su opinión sea tenida en cuenta para la toma de la decisión por quien corresponde: la menor misma“.

También hay unanimidad en cuanto a la consideración de las penas. El Consejo Fiscal rechaza el planteamiento del Gobierno y no consideran “razonable” que reciba el mismo castigo una mujer que aborta excediendo en unos días las 14 semanas, que otra que lo haga en las últimas semanas del embarazo.

El tramposo término “derechos y salud reproductiva y sexual” queda excluido de la Declaración de la Comisión de Población y Desarrollo de la ONU.

C-FAM.- En el último día de las negociaciones de la Comisión de Población y Desarrollo (CPD) en las Naciones Unidas, algunas oenegés y comités de la ONU  han tratado de utilizar las referencias a la “salud reproductiva y sexual” para promover el aborto, mientras los estados miembros de la ONU se reunían en la sesión de clausura para aprobar el documento final de la Comisión. Algunas de las delegaciones presentes tomaron la palabra para definir el aborto fuera del texto.

Hasta el último momento el polémico término de “derechos y salud reproductiva y sexual” seguía en el borrador del documento. Justo antes de que fuera aprobado, el representante de Irán tomo la palabra para oponerse a esa expresión, que nunca había sido incluida en ningún documento negociado en la ONU.

Irán insistió que el término era problemático para algunas delegaciones e insistió a la comisión para que volviera al lenguaje previamente acordado en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (ICPD) en 1994.

En el intento de obtener el consenso, la presidencia, en manos de México, suspendió la sesión y tras nuevas negociaciones, se anunció que la propuesta de Irán seria aceptada y que el término “derechos y salud reproductiva y sexual” se eliminaría del texto.

Varias delegaciones se pronunciaron a favor de dejar el aborto fuera del documento de la CPD y subrayaron que ese texto no crea nuevos derechos. Comoras, Perú, Polonia, Irlanda, Chile, la Santa Sede, Malta y Santa Lucia hablaron en contra de los demás términos relacionados con la salud sexual, como “derechos reproductivos”, “servicios de salud reproductiva” y “salud sexual y reproductiva”, haciendo hincapié en que estos no podían ser interpretados para apoyar, respaldar o promover el aborto.

El embajador de Malta declaró que cada vez era más difícil aceptar las resoluciones de los órganos de las Naciones Unidas, como el de la CPD, ya que hacen intentos de extender los “derechos reproductivos” para incluir el aborto.

Santa Lucia hizo una objeción explicita al término “aborto seguro” ya que podría dar la impresión de que el aborto es un procedimiento totalmente libre de riesgos médicos y psicológicos.

Santa Lucia también destacó una disposición en el documento de la CPD que pedía a los Estados donde el aborto es legal que entrenaran y equiparan a los proveedores de servicios de salud y tomaran medidas para asegurar que el aborto sea seguro y accesible.

El representante de Santa Lucia destacó que su delegación entendía que esta disposición no afectaba el derecho de los proveedores de salud a negarse a cumplir o ser cómplice de abortos como una cuestión de conciencia, afirmando, de nuevo, que no se han creado nuevos derechos o reconocido en este documento, y que el derecho universal a la conciencia no puede de ninguna manera ser anulado o debilitado.

Solo el representante de Noruega expresó su pesar por el hecho de que el término “derechos reproductivos y sexuales” no fuera aceptado en el texto.

La inmensa mayoría de los ginecólogos son objetores a la práctica del aborto.

REDACCION HO.- Cerca de un centenar de ginecólogos españoles, integrados en el grupo Ginecólogos por el Derecho a Vivir, han advertido este miércoles que el anteproyecto de ley de aborto libre en un régimen de plazos vulnera el derecho a objetar ante una práctica que “acaba con la vida de nuestros pacientes y lesiona la salud de las madres“.

El grupo, al que pertenecen profesionales del prestigio de José Zamarriego (ex presidente de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, SEGO), Luis Chiva, Luis Granados y Esteban Rodríguez Martín, ha replicado al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que ha avisado con que, en el proyecto legislativo que prepara el Gobierno, “un médico podría objetar frente al aborto, pero sólo si el hospital en el que trabaja hace posible que la interrupción voluntaria del embarazo se pueda realizar“.

El anteproyecto prevé, además, la exclusión de los médicos que defiendan el derecho a vivir del no nacido y la salud de las madres, de los comités de bioética de los hospitales públicos:

“No nos hemos hecho ginecólogos para acabar con la vida de nuestros pacientes y lesionar la salud de las madres, y no vamos a consentir que se nos trate como esclavos con leyes totalitarias que violan nuestros derechos individuales, tratando de regular nuestras conciencias”.

La objeción al aborto es claramente mayoritaria entre los ginecólogos. Sólo una minoría lo practica, principalmente en centros privados, según recuerda el grupo de Ginecólogos por el Derecho a Vivir, por medio de una nota hecha pública este miércoles.

Exigen que “se nos permita actuar conforme a nuestras obligaciones deontológicas” y señalan tres artículos del Código de Ética y Deontología Médica de 1999, para que el Gobierno comprenda la posición de este colectivo profesional ante el aborto:

• El 27.3 de dicho Código indica que “El médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por parte de éste”.

• Otra norma, recogida en el artículo 24.1 del vigente Código de Ética y Deontología Médica, establece que “al ser humano embriofetal enfermo se le debe tratar de acuerdo con las mismas directrices éticas, incluido el consentimiento informado de los progenitores, que se aplican a los demás pacientes”.

• El artículo 26.1 del mismo Código reconoce que “el médico tiene el derecho a negarse por razones de conciencia (…) a interrumpir un embarazo”.

El mismo grupo de Ginecólogos por el Derecho a Vivir ha anunciado que rechazarán cualquier intento de imponerles el aborto, aunque esa decisión les convierta en víctimas de la legislación que quiere imponer el Gobierno:

“Muchos nos seguiremos negando a cooperar en manera alguna, directa o indirecta, para acabar con la vida de nuestros pacientes y lesionar la salud de las mujeres, aunque no haya ningún médico en el hospital que sea capaz de perpetrar la terminación feticida de la gestación, aún a riesgo de sanción penal que nos convertiría en víctimas inocentes de una ley injusta”.

Ginecólogos DAV ha criticado la exclusión de los médicos objetores, de los comités de bioética de los hospitales públicos que deben informar sobre casos de aborto:

“Supone una discriminación ideológica totalitaria de los facultativos. No sólo vulnera el artículo 16 de la Constitución, sino que deja indefenso al nascituro, al carecer, en dichas comisiones, de una representación que defienda sus intereses y priva a la mujer de conocer toda la información acerca de las consecuencias del aborto para su salud sexual, reproductiva y psíquica, que le impedirán tomar una decisión informada.
Esta suerte de tribunales, que decidirán qué fetos pueden o deben morir, deja al nascituro sin abogado defensor. El no nacido acudirá a esta especie de juicio en inferioridad de condiciones y será condenado a muerte porque lo decide un grupo de personas elegidas según un criterio ideológico”.

El mismo grupo insta al ministro de Justicia a que “haga cumplir la ley actual y persiga el fraude de ley” que tiene como consecuencia la “eliminación de fetos, de manera ilegal, y lesiones a la salud de las mujeres“.

Ginecólogos por el Derecho a Vivir es un grupo de opinión formado por médicos ginecólogos y obstetristas, e integrado en la iniciativa cívica Derecho a Vivir, una de las cuarenta entidades convocantes de la manifestación del próximo 17 de Octubre, en Madrid, a favor de la vida, la mujer y la maternidad.

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Los diputados tienen hoy una oportunidad para ser fieles a su conciencia, a la ética y a la defensa de la Vida y de la Mujer y tomar posición en contra de la Ley.

REDACCIÓN HO / LA RAZÓN.- El Congreso de los Diputados votará hoy la moción promovida por el parlamentario de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Carlos Salvador, que solicita al Gobierno que congele la tramitación de la reforma de la Ley del Aborto. Salvador ha argumentado que esta iniciativa es necesaria  tras evidenciarse la falta de consenso, social, político y parlamentario. Como señala La Razón en su editorial de hoy, sólo cabe felicitarse por esta moción, que, sin duda, será útil, dentro y fuera del hemiciclo, puesto que también responde a una inquietud expresada por cientos de miles de ciudadanos, que ya han mostrado su rechazo a la ley en distintas manifestaciones y que tuvo su continuación, el pasado viernes, con el registro en el Congreso, y en la Presidencia del Gobierno de 375.000 firmas contra el texto del Ejecutivo.

Pero, además, tiene una trascendencia de vital importancia para sus señorías. Por primera vez la reforma de la Ley del Aborto se somete a un veredicto en el Congreso. Esta circunstancia otorga a sus señorías una oportunidad extraordinaria para que se posicionen ante esta ley tan discutible más allá de las siglas políticas a las que pertenecen y sí desde sus principios y convicciones.

No conviene minimizar, como han hecho algunos, esta reforma de la Ley del Aborto argumentando que únicamente es una cortina de humo para distraer a los españoles de los verdaderos problemas que vive el país, como la crisis económica. Esa apreciación se ajusta a la realidad sólo en parte. Sin duda, pocas leyes son tan vitales para un país y para sus ciudadanos como aquellas que deciden sobre la muerte y la vida y esta reforma afecta de lleno a las creencias de las personas. Tampoco es de recibo que, demagógicamente, algunos miembros del Gobierno, jaleados por algunos colectivos, trasmitan la consigna de que los que se oponen a la Ley están criminalizando a la mujer.

Para desactivar estos mensajes dañinos y faltos a la verdad los diputados del Congreso se enfrentan hoy a una votación que va más allá de las estrategias parlamentarias e intereses partidistas. Nadie ignora que numerosos socialistas han manifestado, tanto en público como en privado, sus reparos a esta reforma de la Ley que atenta directamente contra sus principios. Sin duda, se encuentran frente a una difícil disyuntiva entre sus principios socialistas y sus convicciones. Hoy tienen la posibilidad de concretar su discrepancia a esta Ley en forma de voto. Lo más coherente es que, a pesar de que hace semanas José Antonio Alonso manifestó que su grupo se acogerá a la disciplina de voto, los diputados socialistas opten por apoyar la moción de Carlos Salvador o, como mal menor, se inclinen por la abstención. Igual sucede en algunos grupos parlamentarios como PNV o CiU. Más generosos con los suyos, ambos partidos ya anunciaron que darían a sus parlamentarios libertad de voto a la hora de pronunciarse sobre esta ley. El alcance de esta medida se podrá comprobar hoy en el hemiciclo.

La defensa de la vida y de la mujer frente a la violencia del aborto no es una cuestión religiosa ni de ideología, sino de los más fundamentales derechos humanos. La vida, nos lo dice la Ciencia, comienza en la gestación, y compete especialmente a los poderes públicos su protección, como señala nuestra Constitución y jurisprudencia. Que el aborto es un drama, que ninguna mujer desea abortar, es una premisa compartida. El camino, pues, debe ser el planteamiento de alternativas, mediante el apoyo a la mujer embarazada en situación de desamparo o de necesidad.

Lo cierto es que con esta Ley no hay lugar ni para ambigüedades ni para componendas interesadas. Es evidente que el resultado de la votación de la moción propuesta por Carlos Salvador será un buen termómetro para saber hasta qué punto los diputados del Congreso de los Diputados están comprometidos con sus principios éticos y morales o, por el contrario, priorizan las estrategias de partido. Lo más sensato y congruente sería votar en conciencia.

Carlos Salvador ha puesto en evidencia la división en el Congreso: la mitad de los diputados está contra el anteproyecto, la otra mitad a favor.

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REDACCION HO.- La primera votación sobre los planes abortistas del Gobierno, que podría posponer el anteproyecto de manera indefinida y que además servirá de test para calibrar los apoyos reales con los que Zapatero cuenta en este asunto, dependerá en buena medida de lo que hagan los partidos nacionalistas y UPyD, y de si los grupos parlamentarios permiten el voto en conciencia.

El pleno del Congreso vivirá el próximo martes su primera votación sobre la ampliación de la ley del aborto gracias a la moción del diputado de Unión del Pueblo Navarro, Carlos Salvador, que plantea la conveniencia de posponer la tramitación del anteproyecto “mientras no se produzca el cambio en las circunstancias que permitiría la reflexión sosegada y el enriquecedor debate social multidisciplinar que este tema merece“, y no haya “un amplio consenso social, político y parlamentario“.

Los votos justos para rechazar la moción de Salvador

El PSOE apela a los trámites que ha seguido hasta ahora, la subcomisión y el comité de “expertos” abortistas, para defender que ya ha habido un debate.

En cuanto al resto de grupos, los diputados de Esquerra Republicana, Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya y BNG ya han declarado que apoyan los planes abortistas del Gobierno, a pesar de que algunos de estos partidos los consideran insuficientes.

La suma de estas formaciones alcanza la mitad más uno de los diputados, 176 votos. Siempre y cuando no haya ninguna ausencia en el pleno del próximo martes.

El papel de los nacionalistas

Con ocasión de votaciones similares, CiU y PNV han dejado libertad de voto a sus diputados para que pudieran ejercerlo en conciencia.

Sin embargo algunas fuentes parlamentarias apuntan la posibilidad de que en esta ocasión el PNV imponga un voto único. Queda por averiguar con respecto a los nacionalistas vascos si su grado de enfado con el PSOE les podría llevar a castigar a Zapatero a la hora de votar la moción de UPN.

En cuanto a CiU, los convergentes podrían ir por un lado y los unionistas por otro. Los diputados de Unió han anunciado su oposición al anteproyecto del Gobierno.

En la reunión que HazteOir.org mantuvo con Josep Antoni Durán i Lleida, que ha mostrado su intención de llevar ante el Tribunal Constitucional el anteproyecto abortista, el dirigente de Unió aseguró que los diputados de su partido votarán contra la ley en el caso de que llegue al Congreso.

Durán i Lleida añadió que trataría de que Convergència tampoco respalde el proyecto del Gobierno y  especificó que esta formación tendrá libertad de voto.

Por su parte, los dos diputados de Coalición Canaria votarán a favor de la moción de Salvador.

El voto de UPyD

En declaraciones a Noticias HO, el diputado navarro Carlos Salvador ha reconocido que la redacción de su propuesta podía haber sido más amplia pero “de lo que se trata es de buscar lo que nos une a quienes rechazamos, por diversos motivos, esta reforma, y lograr paralizarla“. 

De esta forma el calculado texto de la moción se limita a pedir que se posponga la reforma hasta que haya más consenso. Formulada de esta manera, la iniciativa podría recibir el apoyo de grupos que no están contra el aborto, pero han sido muy críticos con la manera en que el Gobierno ha manejado este asunto.

Es el caso de UPyD. Este partido no rechaza el aborto, pero Rosa Díez se ha mostrado muy crítica con la forma en que el Gobierno ha venido gestionando todo lo concerniente a la modificación de la ley. Díez ha hablado de “infanticidio” y de “chapuza” legislativa.

Un trabajo de orfebrería parlamentaria

Carlos Salvador ha mostrado con su iniciativa su don de la oportunidad y sus dotes para la fineza pCarlos Salvador, diputado de UPNarlamentaria, que tanto se echa de menos en nuestra clase política. Mientras otros mantienen una silenciosa distancia, temerosos de “mancharse” con el asunto, el diputado de UPN ha sabido aprovechar la peculiar situación parlamentaria del Gobierno para colocar antes del fin del período de sesiones un test que permitirá a unos y otros determinar sus apoyos reales.

Su moción ha logrado poner en evidencia un hecho hasta ahora silenciado por el Gobierno: el Congreso de los Diputados está dividido por la mitad. Zapatero no cuenta con el respaldo del que hacía gala hace unos meses.

Tampoco cuenta con el apoyo social que todavía pregona. La Marcha por la Vida del pasado 6 de abril, que congregó a medio millón de personas, fue el primer muro que la sociedad española alzó frente a sus planes abortistas. El 17-O será su tumba. Si es que el proyecto del Gobierno llega vivo a esa fecha.

Recursos informativos

Pincha aquí para pedir a los diputados su apoyo a la moción

Texto íntegro de la moción

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Nuestro “entorno” -vocablo que tanto usa nuestro Gobierno- sigue reaccionando contra el aborto: En Alemania las mujeres que cuenten con prescripción médica para abortar tras las trece semanas de gestación deberán pasar además por una asesoría.

REDACCIÓN HO / COPE.- El Bundesrat, la Cámara Alta o de los Länder de Alemania, ratificó hoy la nueva cláusula de la ley del aborto, por la que se obliga a acudir a una asesoría a las mujeres que interrumpan su embarazo tras la semana décimo tercera por prescripción médica. El proyecto de ley, que fue objeto de un largo proceso de discusión hasta que fue aprobado por el Parlamento a mediados de mayo, fue diseñado con la idea de reducir el riesgo para la vida de la madre y del feto.

En virtud de la nueva normativa, todas aquellas mujeres que quieran someterse a un aborto tardío han de pasar por una consulta médica tres días antes de proceder a la interrupción del embarazo, para insistir en el tiempo de reflexión.

Al tiempo, esta cláusula que modifica la ley del aborto establece que si el médico no proporciona asesoramiento a la mujer, se le podrá multar con hasta 5.000 euros. La embarazada deberá contar, asimismo, con el acuerdo del médico que la atienda, que certificará el riesgo grave que representaría seguir adelante con el embarazo.

Hasta ahora, la obligatoriedad de pasar por ese tipo de asesoría regía únicamente durante las doce primeras semanas y el objetivo era “animar” a la madre a proseguir con el embarazo y mostrarle que había una perspectiva para ella y su hijo. A partir de la décimo tercera semana era posible asimismo el aborto de forma legal, si existía la correspondiente prescripción facultativa por riesgo para la vida de la madre.

En esos casos, no había obligación de pasar por esas asesorías, porque se consideraba que bastaba la indicación médica y la decisión de la madre. La ley vigente fue aprobada, asimismo tras un largo debate, en 1995 y no contempla la posibilidad del aborto tardío legal por el mero temor a malformaciones del feto, sino únicamente si se pone en peligro la vida de la madre o no hay perspectivas de vida para el feto.

La nueva cláusula ha sido objeto de controversia por quienes consideran, curiosamente, que agrava la situación de por sí difícil de la mujer afectada psicológicamente, que descubre de forma tardía los riesgos para ella o el feto, y debe someterse a esos nuevos tres días de reflexión y trámites médicos.

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REDACCION HO.- Medios de comunicación tradicionales, cadenas de radio periódicos digitales y todas las cadenas de televisión han acompañado hoy a los voluntarios de Derecho a Vivir hasta el interior del Congreso de los Diputados y al Palacio de la Moncloa para hacer entrega de la voluntad de 375.000 ciudadanos que quieren que el Estado ampare el derecho a vivir de los niños no nacidos.

Muchos de los periodistas que firman las informaciones sobre este acto han viajado en los 3 autobuses que durante el último mes y medio han recorrido España llevando el debate del aborto a todas las ciudades.

Derecho a Vivir, que se había marcado el objetivo de reunir tantas firmas como niños no nacidos ha habido en el último año (112.000), ha entregado hoy varias cajas repletas de firmas en defensa de la vida en el Parlamento y en la residencia oficial del presidente del Gobierno.

Y no serán las últimas.

Según revela elconfidencialdigital.com, el navarro Carlos Salvador (del Grupo Mixto), con el apoyo de otros diputados, presentará una moción para retirar el proyecto: se votará ese día en el Pleno y confían en sumar hasta 173 escaños.

ELCONFIDENCIALDIGITAL.COM.- La moción de Salvador consta de un único punto, que pide la retirada de la ley. Hasta el martes, se está articulando en la Cámara una corriente de voto provida que agrupe a los populares pero recabe otros apoyos: para la retirada de la ley se busca el apoyo de CiU, puesto que Durán i Lleida se ha pronunciado en diversas ocasiones, también en la última campaña electoral, en contra de la Ley del Aborto.

En lo que respecta al PNV, el portavoz, Josu Erkoreka, es contrario a la Ley y, entre el efecto de arrastre que pueda ejercer entre los diputados de su grupo, y el deseo de los diputados nacionalistas vascos de seguir castigando al Ejecutivo de Zapatero, también se espera conseguir su voto.

Carlos Salvador espera también ganar el voto de Rosa Díez, ahora vecina de escaño en el hemiciclo. La líder de UPyD se ha posicionado en contra de esta Ley del Aborto, que según ella “abre la puerta al infanticidio” y “es una chapuza”.

De Oramas y Perestelo, de Coalición Canaria, se da por seguro que voten a favor de la retirada de la ley.

Así, la iniciativa pro-vida tendría el apoyo de 173 diputados. La mayoría está en 176. Los equilibrios parlamentarios, e incluso la posible ausencia de diputados socialistas podrían provocar la sorpresa.

Salvador ya habló contra la Ley del Aborto en el debate sobre el Estado de la Nación. Navarra es, junto a La Rioja, la única comunidad autónoma libre de aborto en España, situación que puede variar con la ley de Bibiana Aído porque marca que la alta inspección de Sanidad de cada autonomía vele por que se practiquen abortos en los centros públicos.

El diputado navarro está en contacto con destacados diputados ‘populares’ que han afirmado repetidamente sus posiciones provida a fin de redactar un argumentario.